Los sindicatos UGT y CCOO han exigido el cumplimiento de la sentencia dictada el pasado mes de marzo por el Tribunal Supremo que reconocía el derecho de los prejubilados de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes, SA a que sus retribuciones se revalorizasen en función del coste de la vida como establecía el proceso de reconversión de esta empresa de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).
En este sentido, exigen que Hacienda autorice el pago de la deuda a estas personas, -alrededor de un centenar, según los sindicatos-, que tienen sus retribuciones congeladas desde abril de 2013, una medida que el tribunal consideró equivocada.
Concretamente, el Tribunal Supremo reconoció el derecho de los prejubilados de Izar a que a que se revalorizasen sus retribuciones en función del coste de la vida, tal y como la empresa lo acordó con los sindicatos en el proceso de reconversión que se abordó en 2004. Los trabajadores y las trabajadoras de Babcock, Altos Hornos de Vizcaya, IMENOSA y MAYASA también están afectados por este proceso, por medio de un proceso de conciliación, y esperan a que se les devuelva lo que es suyo.
Los sindicatos recuerdan que en el caso de MAYASA, son un centenar los trabajadores prejubilados que abandonaron la actividad laboral en procesos de reconversión después de que los sindicatos firmasen acuerdos con la SEPI, y a los que se les garantizó que sus pensiones se actualizarían cada año en función del IPC.
En espera de la decisión del Ministerio de Hacienda, los sindicatos, -indica CCOO en nota de prensa-, han dado suficientes muestras de su firme voluntad de que este proceso se desarrolle de forma ordenada, ahora no les queda otra salida que dar paso a la movilización.
De esta forma, a las protestas previstas, se unirá la interposición de demandas individuales, lo que dado el volumen de personas afectadas, colapsará los juzgados de lo social y supondrá un alto coste económico y de recursos a la Administración, además del descrédito de quienes han provocado esta situación.
A fin de evitar esta situación, CCOO de Industria y MCA-UGT exigen a la autoridad competente "que ponga orden y sentido común y revierta este despropósito y atropello contra los prejubilados y prejubiladas de las empresas públicas".
Fuente: elporvenirclm.com
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