La decisión de este pasado sábado de la Comisión de Patrimonio Mundial de la UNESCO –organismo de Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia- de declarar a sus minas de mercurio y a la localidad de Almadén como Patrimonio de la Humanidad es un reconocimiento de estricta justicia.
Puede que sea un término que ya no se utilice, por desgracia, pero de alguna forma ha de devolverse algo de orgullo a una población que ha dado su trabajo y su vida a lo largo de los siglos a más gloria de reyes y del Estado, en divisas constantes y sonantes- sin recibir apenas nada a cambio, más allá de la propia subsistencia.
Está bien que esa demanda de reconocimiento haya partido del propio pueblo, de sus autoridades locales. Está bien que el actual ayuntamiento, de signo político diferente al que puso en marcha la iniciativa, haya decidido agotar la que podía haber sido la última oportunidad y a la tercera haya ido la vencida.
Las minas de mercurio de Almadén cerraron su producción en 2003, un trabajo denostado en las últimas décadas por mor de unos desproporcionados planteamientos medio ambientales, que no han tenido en cuenta que la principal especie a conservar es la humana, la especie trabajadora, aunque sea la de Almadén.
Todo ha apuntado en los últimos tiempos –incluidos los fallidos intentos por sustituir con otras actividades las labores mineras- a un proceso de desaparición por inanición de una comarca a la que, por ahora, no se la han dado ni las gracias por los servicios prestados.
Hace poco asistimos al intento de dejar fuera de juego a uno de los pocos elementos que dinamizan la zona, la Escuela Universitaria, aunque, a última hora, se logró un tiempo de prórroga.
Levantar el ánimo después de tanto tiempo por los suelos es complicado. En todo caso, la declaración de Patrimonio de la Humanidad tiene que ser un punto de inflexión para, una vez más, intentar recobrar la fuerza de una zona que no ha dudado nunca en arrancar con riesgo de su vida el cinabrio de su mina para convertirlo en mercurio y alimentar bolsillos –que se lo digan a los Fücares, que prefirieron quedarse en Almagro, mientras el negocio lo tenían en Almadén-.
Ser declarado Patrimonio de la Humanidad, además de ser un reconocimiento mundial que contrasta con el que no se le ha dado aquí en España en muchas ocasiones- conlleva una serie de ventajas que deben ser aprovechadas con la colaboración de todas las administraciones –local, provincial, regional y estatal- para sacarles el máximo de rendimiento.
La declaración coincide en el tiempo con el nombramiento del nuevo presidente de Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (MAYASA), Fernando Murillo, un hombre con experiencia en el mundo financiero español, tanto privado como público, un sector que está muy relacionado, por esponsorización, por beneficios fiscales, con actividades que se relacionan con situaciones como la que ha generado este fin de semana con Almadén.
Minas de Almadén, que ha iniciado de forma incipiente la explotación turística de sus instalaciones, tiene ahora una oportunidad inmejorable para reivindiicar la historia y la cultura acumulada durante más de 20 siglos.
No se trata aquí de escribir una carta a los Reyes Magos, que parece que no están los tiempos para ello, pero sí de hacer un llamamiento a que no se desaproveche la oportunidad para hacer un rediseño de la comarca de cara al futuro y ver cómo encajan en este tiempo que se abre, además del turismo, la necesidad imperiosa de comunicaciones y el darle respuesta a iniciativas de suelo industrial pendiente desde hace unos años.
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